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En la actualidad se desarrolla en el país un debate sobre los alcances de la política de atención a población en situación de desplazamiento, en cuanto a la existencia de brechas entre la formulación, intenciones, enfoque de la política y su impacto en la población en términos de restitución de derechos vulnerados, compromiso del Estado aceptado por la normatividad nacional e internacional. Desde una postura con perspectiva de derechos y como examen parcial, formulo la pregunta ¿cuáles son algunos avances y restricciones de la respuesta institucional, de la política pública para la atención a esta población? Finalmente propongo algunas consideraciones y pautas para la intervención de Trabajo Social. El desplazamiento forzado por la violencia, es hoy en Colombia una situación compleja, que tiene múltiples causalidades, expresiones o manifestaciones, grados de afectación y daño para la población civil, actores víctimas fundamentales del conflicto armado. De esta población los más afectados son las y los niños, mujeres, población indígena y afrodescendientes. Es importante reconocer la amplitud del marco legal y normativo para la atención a la población en situación de desplazamiento en el país, desde el plan nacional para la atención integral a la población desplazada por la violencia. Una Sentencia de la Corte Constitucional constituye una respuesta a la lucha de la población desplazada, por sus derechos; su exigencia de protección, atención y restablecimiento de las condiciones de vida; señala una orientación para la política de atención a esta población, desde el enfoque de derechos, diferenciación positiva, no discriminación, atención integral transectorial, oportuna y eficaz. Algunos aspectos positivos de la política son: avances del marco normativo que tipifica el desplazamiento como un delito de lesa humanidad y crimen de guerra. Dignidad en correspondencia con los derechos humanos a la vida, salud, educación, participación, al bienestar.