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Dada la grave situación social del país, la inadecuación de la normatividad para los niños(as) a los tratados internacionales, las reformas a nivel mundial y latinoamericano que impulsan el reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos de derechos, cuya garantía a su vez influye de manera determinante en el desarrollo integral de las regiones, se proclama el Código de la Infancia y Adolescencia en Colombia bajo la Filosofía de la Protección Integral, con la necesidad manifiesta de reprimir la delincuencia juvenil que golpea diferentes grupos. A través del Código se enfatizan los principios de descentralización, participación ciudadana y corresponsabilidad de diferentes entidades, autoridades y empresas de los niveles nacional, departamental, municipal y local, incluyendo los niños y niñas para hacer realidad las políticas públicas que garanticen sus derechos y apoyen a la familia en el cumplimiento de esos derechos, haciendo énfasis en acciones para la primera infancia. Se plantea que articulando estos componentes, no sólo se previene la delincuencia juvenil, sino que se responde a necesidades y expectativas de los niños y las niñas y de la población en general. En cuanto a infracción de la ley penal se establece un procedimiento especial para adolescentes (entre 14 y 18 años), que ejecutan entidades y autoridades especializadas y expertas en derecho penal, familia e infancia y normas nacionales e internacionales relativas a Derechos Humanos. El proceso debe garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño; se rige por normas del Sistema Penal acusatorio en lo que no sea contrario al nuevo Código. Está por verse, una vez implementado, sí da respuesta a las necesidades de la población y se articula realmente con las políticas de prevención.